Resumen.-
El acceso a los servicios públicos, en especial al agua potable, es un derecho fundamental, pero también una responsabilidad compartida. Para garantizar su continuidad y calidad, es esencial reconocer que estos servicios tienen un costo real que debe ser absorbido por la población beneficiaria de manera equitativa y sostenible.

Los servicios públicos son esenciales para el bienestar de la sociedad y la calidad de vida de sus habitantes. Desde el suministro de agua potable y electricidad hasta la recolección de residuos y el transporte público, estos servicios representan una red fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades. Sin embargo, su continuidad y calidad dependen directamente del reconocimiento de su costo real y de la capacidad de la población beneficiaria para absorber estos costos de manera equitativa y sostenible.

La Necesidad de Reconocer el Costo de los Servicios Públicos

Uno de los principales retos en la gestión de los servicios públicos es la falta de conciencia sobre su verdadero costo. Muchos ciudadanos perciben estos servicios como un derecho garantizado por el Estado sin considerar los costos de operación, mantenimiento e infraestructura que implican. Esta percepción errónea puede llevar a problemas financieros en la administración pública, generando deficiencias en la prestación de los servicios y deterioro en su calidad.

El financiamiento de los servicios públicos puede provenir de distintas fuentes: tarifas pagadas por los usuarios, subsidios gubernamentales e impuestos. Sin embargo, la sostenibilidad de estos servicios depende en gran medida de que los costos sean absorbidos de manera justa por la población beneficiaria. Un esquema tarifario adecuado permite garantizar la cobertura de costos sin afectar gravemente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El Agua Potable: Un Recurso Vital con Costos Reales

El agua potable es uno de los servicios públicos más importantes y, a la vez, más desafiantes de administrar. Su gestión involucra captación, tratamiento, distribución y saneamiento, procesos que requieren inversiones significativas en infraestructura y tecnología. Además, es fundamental garantizar la disponibilidad del recurso sin comprometer las fuentes naturales.

El acceso al agua potable no solo implica costos financieros, sino también costos ambientales. La explotación descontrolada de fuentes hídricas cercanas y económicas puede llevar a la sobreexplotación y degradación de los ecosistemas, poniendo en riesgo la sostenibilidad del suministro. Es imperativo implementar estrategias de gestión que equilibren la demanda con la capacidad de regeneración de las fuentes hídricas, evitando así la crisis de disponibilidad del recurso.

Tarifas y Sostenibilidad: Un Equilibrio Necesario

Para garantizar la continuidad y calidad del suministro de agua potable, es esencial establecer tarifas que reflejen los costos reales del servicio. Sin embargo, estas tarifas deben diseñarse de manera equitativa para evitar impactos negativos en los sectores más desfavorecidos. Algunos mecanismos que pueden aplicarse incluyen:

• Tarifas progresivas: donde los usuarios que consumen más pagan un costo mayor por unidad adicional de consumo.
• Subsidios cruzados: en los que los sectores de mayor capacidad económica contribuyen a financiar el acceso al servicio en comunidades vulnerables.
• Cobro diferenciado por zona: ajustando el precio según la disponibilidad del recurso y los costos de transporte y distribución.

Una estructura tarifaria bien diseñada también incentiva el uso eficiente del agua y promueve una cultura de conservación del recurso. Cuando los usuarios perciben que el agua tiene un valor económico, tienden a reducir el desperdicio y adoptar prácticas de consumo responsable.

El Rol de las Políticas Públicas en la Gestión del Agua

Las autoridades tienen la responsabilidad de establecer marcos normativos y políticas públicas que aseguren la sostenibilidad del servicio de agua potable. Entre las medidas clave se encuentran:

• Regulaciones para la protección de fuentes hídricas: evitando la contaminación y sobreexplotación.
• Planes de inversión en infraestructura: para mejorar la eficiencia en la captación y distribución del agua.
• Educación y concienciación ciudadana: promoviendo el uso racional y sostenible del recurso.

Sin una regulación adecuada, la explotación de fuentes hídricas puede volverse insostenible, afectando tanto a la disponibilidad futura del agua como a la equidad en su distribución.

Conclusiones

El acceso a los servicios públicos, en especial al agua potable, es un derecho fundamental, pero también una responsabilidad compartida. Para garantizar su continuidad y calidad, es esencial reconocer que estos servicios tienen un costo real que debe ser absorbido por la población beneficiaria de manera equitativa y sostenible. La implementación de tarifas justas, junto con políticas de gestión adecuadas, permite no solo asegurar la disponibilidad del agua, sino también evitar el abuso de fuentes cercanas y económicas que podrían comprometer el acceso a largo plazo.

Es crucial que las estrategias de financiamiento y regulación promuevan la eficiencia en el consumo, la inversión en infraestructura y la protección de los recursos naturales. Solo a través de un enfoque integral y equilibrado se podrá garantizar que el agua potable y otros servicios públicos sigan beneficiando a las comunidades de manera sostenible y justa.

El derecho humano al agua y el costo de los servicios

Primera parte

El derecho humano al agua potable y al saneamiento básico sigue siendo un desafío no resuelto en México, a pesar de contar con bases legales que, aunque aparentan ser completas, son insuficientes y presentan serias dificultades para garantizar justicia, viabilidad administrativa y equidad en su implementación. Este derecho implica una corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno y la sociedad, pero enfrenta problemas estructurales y financieros de larga data.

Uno de los extremos que ilustra la complejidad del tema es el caso del individuo aislado en regiones remotas. ¿Cómo garantizar su acceso al agua de manera sostenible y justa? ¿Cuáles serían los costos asumibles y las soluciones viables? Por otro lado, en las grandes metrópolis como Querétaro, el crecimiento descontrolado ha llevado al agotamiento de recursos locales y a la necesidad de costosas obras de infraestructura, como los acueductos II y El Batán, cuya financiación recae desproporcionadamente en la población local, aunque el problema fue generado por políticas de desarrollo urbano.

Además, las soluciones propuestas, como el uso de subsidios cruzados en tarifas, no han logrado implementarse de manera eficiente ni equitativa. A esto se suma la contradicción entre garantizar agua potable de calidad y manejar la disponibilidad limitada del recurso, especialmente frente a proyectos industriales como la llegada de nuevas empresas grandes, que generan demandas indirectas adicionales cuyo financiamiento no está claro.

En cuanto a los “pueblos originarios”, la legislación, al destacar diferencias, perpetúa la discriminación en lugar de garantizar equidad. Esto refleja la necesidad de un marco regulatorio integral que abarque no solo el acceso al agua, sino también el manejo sostenible del crecimiento urbano y la protección de las comunidades que históricamente han habitado en zonas que en el momento de su creación eran sostenibles y lo serían sin el crecimiento.

Una presentación sintética  contribuiría a aclarar lo planteado:

1. Situación actual del derecho al agua:

     •          El acceso al agua potable y al saneamiento básico sigue siendo un problema no resuelto en México.

     •          Aunque existen bases legales, estas son incompletas y no garantizan justicia ni viabilidad administrativa.

     •          La corresponsabilidad recae en los tres niveles de gobierno y en la sociedad, pero su implementación enfrenta serias dificultades.

2. Retos en áreas remotas:

     •          Ejemplo: Personas que viven aisladas en desiertos, montañas o selvas.

             •   ¿Cómo garantizar su acceso al agua de manera justa y sostenible?

             •   El costo de satisfacer su derecho puede ser alto y difícil de asumir a corto plazo.

             •   Preguntas clave:

                    •             ¿Cuáles serían los costos asumibles?

                    •             ¿Qué soluciones pueden implementarse?

3. Desafíos en áreas urbanas:

     •          Caso Querétaro:

             •   Crecimiento demográfico descontrolado:

                    •             1960: ~150,000 habitantes.

                    •             1985: ~400,000 habitantes.

                    •             Actualidad: ~1.5 millones en la zona metropolitana.

             •   Recursos hídricos locales agotados:

                    •             Sobreexplotación del acuífero del valle.

                    •             Construcción de costosos acueductos (II y Proyecto El Batán).

             •   Pregunta clave:

                    •             ¿Debe la población local asumir los costos de infraestructura generados por el crecimiento urbano desmedido y el previsible?

4. Financiación y equidad:

     •          Las tarifas actuales incluyen costos de nuevas obras, pero:

             •   Esto afecta desproporcionadamente a los residentes originales de las áreas urbanas.

             •   Quienes provocan la sobredemanda (nuevos habitantes, industria) deberían asumir mayores costos.

     •          Subsidios cruzados:

             •   Propuestos como solución, pero mal implementados.

             •   Falta una gestión lógica, socialmente responsable y sostenible.

5. Impacto de la industrialización:

     •          Caso de nuevas grandes empresas:

             •   Se puede prometer que usarían aguas tratadas, pero:

                    •             El crecimiento asociado (empleados, familias, empresas satélite) aumentará la demanda de agua potable.

             •   Pregunta clave:

                    •             ¿Quién financiará las obras necesarias: la empresa o la población local?

6. Contradicciones legales y sociales:

     •          Diferencia entre garantizar:

             •   El acceso al agua potable y saneamiento.

             •   La disponibilidad del recurso hídrico para satisfacer la demanda.

     •          La legislación actual no aborda estas diferencias de manera adecuada.

7. Pueblos originarios y discriminación:

     •          La legislación resalta diferencias discriminatorias en lugar de garantizar igualdad:

             •   Al identificarlos de forma separada, se definen y perpetúan condiciones desiguales.

             •   Solución necesaria:

                    •             Un marco normativo que promueva equidad, no diferenciación.

8. Conclusiones:

     •          El problema no se resolverá solo con leyes, por más complejas que sean.

     •          Se requiere un enfoque integral que contemple:

             •   Sostenibilidad de los recursos.

             •   Regulación del crecimiento urbano.

             •   Equidad en la distribución de costos.

             •   Justicia para comunidades históricamente asentadas y pueblos originarios.