(segunda parte)
Resumen:
El acceso al agua es un derecho humano fundamental, pero su gestión y costo generan desafíos en las ciudades en crecimiento. Usando el caso de Querétaro como ejemplo, se argumenta que el sobrecosto del desarrollo urbano no debería recaer en la población original, sino en quienes generan la sobredemanda. Se destaca la importancia de un sistema tarifario más equitativo, que diferencie entre costos operativos y costos de expansión de la infraestructura. Además, se abordan los problemas del crecimiento irregular y la necesidad de mecanismos de financiamiento, como subsidios, para garantizar la asequibilidad del servicio.
En la primera parte de este artículo se tomó como ejemplo la ciudad de Querétaro para analizar cómo el crecimiento descontrolado ha generado una sobredemanda de agua que supera la disponibilidad local del recurso. Surge entonces la cuestión: ¿No deberían ser quienes generan esta sobredemanda los responsables de financiar los costos adicionales? Si las autoridades han promovido este crecimiento por razones económicas, es justo que sean esos beneficios económicos los que financien las obras necesarias, en lugar de trasladar esos costos a la población original, cuya comunidad era hídricamente sostenible. El principio de «primero en tiempo, primero en derecho» cobra aquí especial relevancia.
Sin embargo, lo que parece lógico para algunos no lo es para otros. En redes sociales, alguien comentó que para promover la ciudad como un excelente destino para vivir y trabajar, debería advertirse que el acceso a los servicios de agua sería costoso debido a su escasez. Curiosamente, esto podría ser un factor positivo: el costo del agua podría actuar como un mecanismo natural para regular el crecimiento urbano sin necesidad de imponer restricciones normativas. Esto garantizaría que los residentes actuales mantengan su calidad de vida y acceso a servicios adecuados.
El conflicto por la redistribución del agua
A pesar de que la Ley de Aguas Nacionales establece que las aguas son administradas por la Federación, existe una percepción de pertenencia entre los habitantes de las regiones de donde se pretende trasvasar el recurso. Este sentimiento genera conflictos sociales, incluso cuando se demuestra que el trasvase es viable sin comprometer el abastecimiento local. Ejemplos de estos conflictos abundan en distintas regiones del país, incluso fuera del ámbito de «pueblos originarios».
Estos casos deberían motivar la implementación de políticas que limiten el crecimiento urbano cuando una ciudad ha superado la capacidad sustentable de sus recursos naturales de fácil acceso.
Un sistema tarifario más justo y transparente
El costo de los servicios de agua potable y saneamiento no debería reflejarse simplemente en tarifas generales, sino en un sistema con componentes diferenciados para mayor justicia y claridad. La primera gran distinción debería hacerse entre:
- Costo marginal del crecimiento de la cobertura de los servicios.
- Costo de operación, mantenimiento y administración de los servicios ya existentes.
El primer costo es de aplicación única al momento de conectar nuevos usuarios a la red y debe contemplar toda la infraestructura necesaria para garantizar el servicio. Este debería expresarse en un precio unitario por litro por segundo (lps) suficiente para cubrir la demanda diaria teórica de los predios según su uso. Aún está en discusión si este pago debe ser único o si debería actualizarse conforme a la vigencia de las fuentes de abastecimiento y su necesidad de rehabilitación o sustitución.
El cobro de este derecho garantizaría un crecimiento urbano con servicios adecuados sin comprometer la calidad del agua disponible. Asimismo, debe diferenciarse entre:
- Crecimiento de la mancha urbana.
- Densificación y ocupación de terrenos baldíos.
Este derecho también influiría en el análisis de viabilidad económica de nuevos desarrollos inmobiliarios. Si el costo marginal del crecimiento es elevado, podría impactar el precio de la vivienda al punto de hacerla inaccesible, frenando la expansión desmedida. Además, debe erradicarse el mito de que «faltan viviendas», ya que en muchas ciudades se observa la reocupación de fraccionamientos previamente deshabitados.
El impacto del costo del agua en el derecho humano de acceso al recurso
El crecimiento de las grandes ciudades a menudo incluye la proliferación de asentamientos irregulares sin acceso formal a servicios de agua potable. Esto es una contradicción con el derecho humano al agua, pero podría mitigarse con la instalación de tomas públicas provisionales. Aunque la normatividad impide dotar de tomas domiciliarias a terrenos en situación irregular, esto no debería ser obstáculo para garantizar un acceso básico a través de estos puntos públicos, cuya calidad y suficiencia debería ser garantizada por los operadores del servicio.
Con el tiempo, lo irregular suele regularizarse. En ese momento, surge la cuestión de si el costo marginal del crecimiento debe ser cobrado a la población regularizada. Desde mi perspectiva, este costo debería ser absorbido por la autoridad que lleva a cabo la regularización, tal como se hace cargo de la urbanización. Sin embargo, debería tratarse como un activo pendiente de pago al operador de los servicios, asegurando la sostenibilidad financiera del sistema.
La asequibilidad del servicio y los subsidios necesarios
El costo de operación, mantenimiento y administración del servicio debe reflejarse en tarifas que garanticen sostenibilidad y calidad. Sin embargo, en muchos casos, incluso considerando economías de escala, el monto puede ser inaccesible para ciertos sectores de la población.
En este contexto, es necesario contemplar esquemas de subsidios, que pueden ser:
- Focalizados: Financiados por la autoridad gubernamental con recursos públicos.
- Cruzados: Donde sectores económicamente más fuertes subsidian a los más vulnerables a través de la misma tarifa.
Dado que este tema es amplio y de gran relevancia, en una siguiente publicación abordaré las tarifas de servicio y los mecanismos de subsidio necesarios para garantizar el derecho humano al agua sin comprometer la viabilidad financiera del sistema.
Una presentación sintética contribuiría a aclarar lo planteado:
1. Crecimiento urbano y sobrecarga del sistema hídrico
• El crecimiento descontrolado genera una demanda de agua superior a la disponibilidad local.
• El sobrecosto debería recaer en quienes generan esta demanda adicional.
2. El agua como factor de regulación del crecimiento
• Un alto costo del agua podría actuar como disuasión natural para frenar el crecimiento urbano.
• Esto permitiría garantizar niveles de vida adecuados a la población residente.
3. Conflictos por la redistribución del agua
• Aunque las aguas sean administradas por la federación, las comunidades sienten un derecho sobre los recursos locales.
• Esto genera conflictos sociales cuando se intentan trasvasar recursos de una región a otra.
4. Sistema tarifario más justo y claro
• Las tarifas deben diferenciar entre:
• Costo de mantenimiento y operación.
• Costo de expansión de infraestructura para nuevos usuarios.
• La expansión debe cobrarse como un costo marginal por litro por segundo (lps), suficiente para cubrir la demanda.
5. Crecimiento urbano y costos de infraestructura
• Se debe diferenciar entre:
• Expansión de la ciudad (nuevas colonias o fraccionamientos).
• Densificación urbana (ocupación de terrenos baldíos dentro de la ciudad).
• El costo de crecimiento podría hacer inviable nuevos desarrollos inmobiliarios y fomentar el uso de viviendas desocupadas.
6. Impacto en asentamientos irregulares
• Muchas ciudades crecen con asentamientos informales sin acceso a servicios.
• Solución a corto plazo: instalación de tomas públicas provisionales para garantizar acceso básico al agua.
• A largo plazo, una vez regularizadas, el costo marginal de crecimiento debe ser asumido por la autoridad que urbaniza.
7. Asequibilidad y subsidios
• El costo del servicio de agua debe garantizar sostenibilidad y calidad.
• Si las tarifas resultan inaccesibles, se deben aplicar subsidios:
• Subsidios gubernamentales financiados con recursos públicos.
• Subsidios cruzados donde sectores con mayores ingresos compensen a los de menor capacidad económica.
8. Conclusión
• La sostenibilidad del agua requiere planificación y financiamiento equitativo.
• Es clave diferenciar costos de operación y expansión para evitar injusticias tarifarias.
• Se deben implementar políticas que prioricen el acceso universal al agua sin perjudicar a la población original ni incentivar el crecimiento urbano descontrolado.
