Resumen:
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Congreso dos iniciativas: una reforma a la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y una nueva Ley General de Aguas. La primera busca ordenar y restringir las concesiones, endurecer sanciones y crear un nuevo Registro Nacional del Agua; la segunda reconoce el derecho humano al agua. Las propuestas han generado opiniones divididas: se aplaude que prioricen el acceso al agua, fortalezcan el control estatal y castiguen el uso ilegal, pero se critica la centralización en Conagua, la falta de transparencia y la incertidumbre para agricultores. El debate se centra en el manejo de concesiones, el acceso equitativo al agua y la falta de inversión en infraestructura. Su aprobación sigue pendiente y enfrentando cuestionamientos sociales.
El pasado 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión las iniciativas de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN de 1992) y de expedición de la Ley General de Aguas (LGA).
La primera es reglamentaria del artículo 27 constitucional bajo un enfoque de los usos productivos del agua como propiedad de la Nación y la segunda es reglamentaria del artículo cuarto constitucional que otorga reconocimiento expreso al derecho humano al agua. Llama la atención que se envíen de manera simultánea dos iniciativas para normar el uso y gestión del agua, lo cual parecería una propuesta de doble esfuerzo para el ajuste y renovación del marco institucional del agua en México; pero tratemos de entender la justificación de las iniciativas oficiales.
Primeramente, se plantean ajustes de carácter administrativo a la LAN de 1992, la mayor parte de ellos enfocados a ordenar las concesiones de volúmenes de agua. Por ejemplo, implementar acciones normativas tendientes a prohibir la transmisión de títulos entre particulares; analizar de manera más estricta y científica las condiciones hídricas prevalecientes en una región de interés y el cumplimiento de obligaciones fiscales de las personas físicas o morales como condición para otorgar prórrogas a dichas concesiones; eliminar los cambios de usos de derechos de agua y, con ello, coadyuvar a la eliminación del mercado negro (y no negro) de concesiones. También se sugiere la instauración de sanciones más severas y se tipifican nuevos delitos por uso indebido del agua.
Se resaltan dos aspectos importantes adicionales: fomento a la tecnificación del riego y transparencia y rendición de cuentas en distritos de riego, y aspecto sumamente importante y urgente ante el desastre que es la información existente, la creación de un nuevo Registro Nacional del Agua para controlar y regular de manera los permisos de agua.
En este tenor, la presidenta ha declarado, y así lo plasma en la iniciativa sobre la LAN 1992, que “a los usuarios que no utilicen alguna vez su derecho de riego, se les retirará la concesión y pasará a las aguas nacionales”; aquí surge una pregunta: ¿se han considerado las razones por las que los agricultores no pueden usar su derecho y se ven obligados a rentarlo para subsistir? No creo que sea por gusto; volteemos a ver las condiciones precarias del campo mexicano y encontraremos la respuesta.
Existen opiniones divididas sobre la iniciativa, mientras que algunos sectores valoran la priorización del derecho humano al agua, otros critican la centralización del poder y la falta de transparencia.
Opiniones a favor
- Prioriza el derecho humano al agua: La propuesta busca garantizar el acceso al agua para consumo doméstico y para el medio ambiente, reconociéndolo como un derecho humano y no como una mercancía.
- Refuerza el control estatal: La iniciativa refuerza el rol del Estado sobre el manejo del agua, con el fin de evitar su comercialización.
- Endurece sanciones: La propuesta busca imponer castigos más severos por delitos relacionados con el uso ilegal del agua.
- Consenso: La presidenta Sheinbaum argumentó que la propuesta fue consensuada a través de foros en todo el país, incluyendo a industriales y agricultores.
- Apoyo legislativo: Algunas comisiones de la Cámara de Diputados, como la de Presupuesto y Ganadería, han emitido una opinión favorable a la iniciativa.
Críticas y preocupaciones
- Centralización del poder: Se acusa que la ley centralizaría el poder en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), permitiendo que un grupo se apropie del control del recurso a costa de las necesidades ciudadanas.
- Falta de transparencia: Organizaciones civiles y expertos denuncian que el dictamen final del proyecto no incorporó las propuestas de la sociedad civil ni de los pueblos indígenas, a pesar de las audiencias públicas celebradas.
- Incertidumbre en derechos de uso: La propuesta generó incertidumbre en el sector agrícola, por la posible falta de claridad sobre la transmisión de derechos sobre las concesiones de agua.
- Poco consenso: Contrario a lo que se afirma, legisladores y el sector agrícola han denunciado que la iniciativa no fue elaborada con suficiente consenso.
- Persiste el modelo mercantilista: A pesar de las audiencias, algunas organizaciones acusan que la propuesta mantiene un modelo mercantilista, en el que se privilegia el acaparamiento y uso del agua por parte de grandes corporaciones.
- Ignora acuerdos ciudadanos: Hay denuncias de que la propuesta final ignora los acuerdos y recomendaciones de los foros ciudadanos, lo que se considera un retroceso en los derechos de las comunidades.
Puntos clave del debate
- Derecho al agua: Si bien la propuesta reconoce este derecho, la implementación y la protección real del acceso al agua es un punto de discordia.
- Manejo de concesiones: La prohibición de transferir derechos sobre pozos y concesiones es un punto clave de la reforma, y ha sido cuestionado por su impacto en sectores productivos como el agrícola. En caso de hacerse modificaciones a la iniciativa, deberían darse a conocer antes de su aprobación.
- Inversión en infraestructura: Se señala que la propuesta no resuelve el problema de la falta de inversión en infraestructura hídrica, que es una de las causas principales de la crisis del agua en México.
- Sanciones vs. acaparamiento: Aunque se prevén sanciones para delitos hídricos, persisten dudas sobre si el gobierno actuará de manera efectiva para capturar a los responsables del acaparamiento.
Por otra parte, al margen de las modificaciones que puedan hacerse por las protestas sociales realizadas, debe señalarse que la implementación de las medidas incorporadas en las iniciativas requiere significativos recursos financieros, materiales y humanos debido al esfuerzo institucional que implica la supervisión, inspección y aplicación de sanciones, lo cual ha sido justamente la gran debilidad de la Conagua. Una asignatura pendiente es el tema de los caudales ecológicos, esto tomando en cuenta que la seguridad hídrica requiere necesariamente del enfoque de sustentabilidad ambiental.
La moneda sigue en el aire, sin seguridad sobre las fechas y formas de su aprobación.
Algunas de las líneas y razonamientos son temas tocados por el Dr. Alfonso Andrés Cortez Lara, Director de la Unidad Mexicali, El Colegio de la Frontera Norte.
