Pensando en los servicios de agua y saneamiento, analizando la nueva legislativa en la materia que rige en el estado de Querétaro y atendiendo a algunas publicaciones que han aparecido en las redes locales y algunos periódicos en las que resalta el pánico a la privatización por la declaración de constitucionalidad de la ley, la línea de pensamiento me llevó a lo que considero una serie de absurdos en las creencias que se sostienen sobre la privatización, la participación ciudadana, la participación privada, los monopolios y desde luego, la regulación.
Tratando de hacer una propuesta con cierta lógica, vayamos por partes, identificando cada una y después tratemos de ensamblarlas. Olvidemos por un momento nuestros colores y tendencias sociopolíticas y tratemos solamente de ser lógicos y de tener sentido común, aunque a veces eso resulte muy difícil para algunos.
- El agua como recurso es un bien de la nación que no puede privatizarse, sino solamente concesionarse su uso y aprovechamiento. Eso dice la constitución y no hay ninguna ley que lo contradiga. Mientras no se cambie la constitución, cosa que está en discusión aparentemente, ninguna ley podrá cambiar eso y, por lo tanto, acusar de privatizadora a una ley, sin modificar la constitución, no es más que una postura política o una tontería y mucho más a nivel estatal en donde no se tendrían las facultades para hacerlo. Debemos diferenciar claramente entre el agua, un recurso de la nación, los servicios que se prestan con el agua y la responsabilidad de quienes deben y pueden prestarlos.
- Los servicios públicos de agua potable y saneamiento son un monopolio natural. Es más, son el ejemplo casi perfecto y por excelencia de un monopolio natural. Si dejáramos que cualquiera pudiera construir sus propios sistemas para competir por un mercado, los costos y, por ende, los precios libres de mercado serían mayores y no menores, si existieran dos o más sistemas en paralelo, es decir que una competencia no aportaría nada al usuario o demandante, sino todo lo contrario. ¿Mejor definición de un monopolio natural?
- Pero, por si fuera poco, la constitución hace responsable de estos servicios a los municipios y el congreso nacional no tiene la potestad de reglamentarlos (¿y también de regularlos?), impidiendo así la posibilidad de una ley específica y de una política nacional en la materia, cuya propuesta cae siempre en la inconstitucionalidad.
- Resultado: el monopolio de un servicio básico y fundamental está sin regulación ni política nacional. Un monopolio de un servicio cuyas tarifas son pasto de la política, cuyos responsables ya sean estatales o municipales pueden ser puestos y removidos a conveniencia libre del gobernador o el alcalde en turno, que se presta a la contratación exagerada de personal (que se rota cada seis, tres años o menos), que en las campañas políticas son fuente de ofertas descabelladas como si su operación no tuviera un costo o no implicara una responsabilidad muy seria si se quiere cumplir cabalmente con ella o pudiera simplemente ignorarse.
- Los servicios de agua potable y saneamiento son especialmente sensibles a la economía de escala. Requieren de una masa poblacional que resulte económicamente suficiente para que los costos puedan traducirse en tarifas asequibles y se garantice un adecuado nivel de la calidad de los servicios. Una población de menos de 30,000 habitantes no puede ser autosuficiente plenamente y garantizar la calidad y sostenibilidad con tarifas asequibles a toda la población prestando todos los servicios en forma suficiente y responsable con el medio ambiente. Claro que no estoy hablando de cotos cerrados de población uniformemente de clase media alta y funcionando como un mercado cautivo. Léase fraccionamiento privado.
- Más del 70% de los municipios del país tienen 30,000 habitantes o menos, no pueden ser autosuficientes plenamente y garantizar la calidad y sostenibilidad con tarifas asequibles a toda la población. La mayor parte de esos municipios, en las condiciones actuales, posiblemente nunca sean autosuficientes. Pero resulta inconstitucional regular que por ley tengan que asociarse para constituir masas económicas sostenibles, lo cual paliaría la situación. Aunque en Querétaro esto se haya practicado desde 1985 con éxito relativo, pero con muchos riesgos de caer en la inconstitucionalidad.
- Los recursos hídricos, sobre todo los subterráneos del Bajío, están seriamente sobreexplotados y presentan contaminación química cada vez más grave. Las aguas residuales urbanas no se tratan en forma efectiva y contribuyen al proceso de contaminación superficial. Sin medición y sin cobro efectivo por el uso, no se tienen recursos ni elementos de presión efectivos para que quienes usan el agua, la usen racionalmente, la potabilicen y la restituyan sin contaminar, en un proceso sostenible y preferiblemente circular.
- Se pretende la participación ciudadana, pero se teme la participación privada. ¿Por qué no las dos? Ambas son de origen ciudadano, solo que algunos aportan opiniones y consejos y otros aportan opiniones y consejos y además arriesgan recursos. Y sí, si lo hacen por ganar dinero ¿es ilícito? O lo que está verdaderamente mal es que no los regulemos y no se supervisen en forma adecuada y transparente.
- Entonces solo pueden participar como operadores las entidades públicas. ¿Cuántas entidades públicas conoce que sean buenos administradores, presten buenos servicios, sean autosuficientes, garanticen su sostenibilidad y rindan buenas cuentas públicas? ¡Y sin regulación de ningún tipo! Las hay, pero son raros casos y desafortunadamente no lo son por períodos no muy largos. Seguramente no necesitaremos todos los dedos para contarlos y conocerlos.
- Pero ni unos, ni otros son buenos o malos per se. Sin una regulación efectiva, capaz de supervisar y sancionar en su caso a unos y otros, además de condicionar su vigencia a la oferta de un buen servicio, sostenible y asequible, unos caen en el abuso y otros en el manejo político, sufriendo los efectos de ambos extremos la población usuaria.
- No existe en el país una dependencia que pueda considerarse en derecho, como encargada y responsable de la rectoría en materia de servicios de agua potable y saneamiento. Ninguna entidad conoce en forma cierta los datos en materia de servicios públicos de agua potable y saneamiento del país en su totalidad con certeza que permita planear a largo plazo el mejoramiento de los servicios que la población de México merece y debe exigir. Los operadores no tienen ninguna obligación por ley, de entregar información de su gestión en forma transparente, completa y periódica.
- El derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento no es lo mismo que los servicios domiciliarios a cargo de los operadores actuales o futuros. Pero sin servicios domiciliarios sostenibles y eficientes, con tarifas asequibles y con posibilidades de extensión al universo completo de la población, el derecho humano de acceso al agua es y será letra muerta. Si se quiere cumplir con el derecho humano al agua como lo exige la Constitución y el más evidente sentido de solidaridad humana, es necesario que existan organismos operadores eficientes y sostenibles que los garanticen sin importar el color con que se pinten sus muros.
Estas son las piezas del rompecabezas. Es difícil ensamblarlas para integrar un subsector eficaz y eficiente, sin cambios de paradigmas serios y sin ajustes profundos del marco legal y político, el cual termina siendo la raíz de los problemas y es en gran parte responsable de la situación actual de los servicios.
Sin poder siquiera proponerlos en el ámbito nacional por los cambios constitucionales que serían necesarios, me gustaría proponer los elementos que deberían darse en el Estado de Querétaro, que sería un ámbito en el que si es posible cambiar reglamentos y leyes en forma accesible de tal manera que pudieran prestar el marco legal y la institucionalidad necesaria para entrar en una senda que contribuya a solucionar los problemas de agua potable y saneamiento en las condiciones que plantea el derecho humano de acceso al agua y el saneamiento, aparte de las obras que puedan y deban construirse para asegurar el abastecimiento del recurso.
Un tema que debe entenderse en plenitud es el de la regulación de los servicios, indispensable para ensamblar un marco en verdad sólido que pueda dar sustento a lo que aquí hemos planteado.
Como quisiera que este sea un artículo que se animen a leer y se está alargando, les propongo continuar en la próxima publicación en la que hablaremos de Regulación de los Servicios, así con mayúsculas y sobre algunas observaciones a la Ley sobre el tema, vigente en Querétaro.
